El confinamiento en las sociedades abiertas

Por Benjamin van Rooij* (@benfuzi) y Adam Fine** (@Adam_D_Fine) | Traducido por Jorge Guzmán*** (@JorgeGuzman_).

Para detener la transmisión del coronavirus, los gobiernos ordenaron a más de 3,900 millones de personas, más de la mitad de los habitantes del planeta, que se quedaran en casa y practicaran el distanciamiento social. Hasta ahora, las medidas parecen haber ayudado a frenar la circulación del virus y reducir la cantidad de defunciones. Pero las decisiones también han puesto en aprietos a las sociedades abiertas y democráticas.

Los gobiernos de las sociedades abiertas se encuentran ahora en la difícil posición de tener que decidir lo que sus ciudadanía puede y no hacer. Y, por supuesto, tampoco es fácil para la gente: no estamos acostumbrados a que la autoridad gubernamental restrinja nuestra libertad individual. Con los efectos sociales y económicos negativos en aumento, mantener el maratón de aislamiento en las comunidades abiertas será un desafío.

La buena noticia es que hasta ahora, las personas en la mayoría de las sociedades abiertas ha cumplido con las medidas de distanciamiento social. De acuerdo con los datos de los teléfonos celulares que Google recopiló, la gente ha alterado fundamentalmente sus patrones diarios de acuerdo con las medidas. En España, por ejemplo, se ha producido un descenso del 92% en las actividades comerciales y recreativas, un 85% menos de visitas a los parques y un 84% menos de viajes en transporte público.

La mala noticia es que solo estamos al comienzo. Si bien este cumplimiento inicial es notable, debe continuar durante mucho tiempo. Según un estudio reciente, es probable que las medidas de distanciamiento social, como pedir a las personas se mantengan a una distancia de 2 metros en los espacios públicos, sigan siendo necesarias en oleadas hasta el 2022 y quizás, incluso, hasta el 2024.

Para que los gobiernos promuevan la salud pública de manera efectiva, deben garantizar que la ciudadanía cumpla las medidas, sin convertir sus sociedades abiertas en estados policiales. La comprensión de cómo la gente interpreta y responde a las leyes puede contribuir a las autoridades a caminar por esta cuerda floja.

Un aspecto al que sería conveniente que prestaran atención los gobiernos es la legitimidad, es decir, el grado en que la ciudadanía confía en que su gobierno protege los intereses generales y lo hace de manera justa, apropiada e imparcial.

Hasta ahora, los gobiernos han adoptado un triple enfoque para asegurar el cumplimiento: apelaciones morales, reducción de beneficios y disuasión. Han pedido a las personas se solidaricen con la gente adulta mayor vulnerable y el desbordado personal sanitario, y el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha calificado públicamente a los infractores de las normas de insensibles, arrogantes e irrespetuosos. Han mitigado la posibilidad de que el virus se propague cerrando bares y restaurantes, cancelando eventos, limitando el aforo de personas que pueden estar juntas (la ciudad de Nueva York llegó a retirar los aros de baloncesto). Por último, muchos gobiernos han aumentado la presencia policial e instituido multas (Francia ha repartido 700,000 sanciones hasta ahora) para disuadir a la gente de incumplir las medidas de distanciamiento social.

El problema para los gobiernos y la ciudadanía es que es poco probable que estos tres enfoques duren lo suficiente como para garantizar que el virus no reaparezca. El poder de las apelaciones morales disminuirá con el tiempo a medida que más personas se acostumbren a la amenaza que representa (los parques y playas soleadas no ayudan). Desde una perspectiva de oportunidad, inevitablemente, los países también darán pequeños pasos para revivir la economía y la sociedad, como abrir cines, restaurantes y lugares de trabajo (y reponer los aros de baloncesto), lo que significa más interacciones y más posibilidades de que el virus se transmita. Décadas de ciencias sociales han demostrado que hay poca evidencia concluyente de que la severidad de los castigos disuada efectivamente el comportamiento desviado y delictivo. De hecho, la amenaza de sanciones sólo funciona si hay un alto grado de certeza de que si se comete un ilícito, se le atrapará. Para que los disuasivos funcionen en nuestra situación actual, necesitaríamos millones de policías y cámaras más que vigilen cada uno de nuestros movimientos. Como sociedades abiertas, esto es algo que somos legalmente incapaces y colectivamente no estamos dispuestos a aceptar.

En nuestras sociedades abiertas, para ganar la batalla a largo plazo contra este insospechado virus, los gobiernos necesitan un enfoque diferente para garantizar el cumplimiento voluntario de las medidas de salud pública. Necesitan centrarse en la legitimidad.

¿Por qué las personas cumplen voluntariamente las medidas, incluso cuando su aplicación es limitada, incluso cuando tienen la oportunidad de infringir las normas, incluso cuando no están de acuerdo con las medidas, e incluso si el cumplimiento de las medidas les cuesta social y económicamente? Las investigaciones revelan que las personas están más dispuestas a cumplir las normas cuando creen que éstas se elaboran y aplican de manera legítima.

¿Por qué las personas cumplen voluntariamente con las medidas incluso cuando hay una aplicación limitada, incluso cuando tienen la oportunidad de romper las reglas, incluso cuando no están de acuerdo con las medidas, e incluso si acatarlas les cuesta social y económicamente? La investigación revela que las personas están más dispuestas a cumplir con las reglas cuando creen que las reglas se hacen y aplican de manera legítima.

La legitimidad requiere que la gente participe en la toma de decisiones sobre cómo se crean y aplican las medidas. Lo ideal sería que las sociedades verdaderamente abiertas y democráticas se distinguieran por garantizar la legitimidad. Pero estos no son tiempos ordinarios. Los gobiernos en modo de crisis pueden no querer involucrar al público. Israel, por ejemplo, ha empezado a emplear la "tecnología de espionaje" para rastrear los teléfonos de civiles con el fin de detectar la propagación del virus. En particular, lo hizo sin la aprobación o supervisión del parlamento de Israel. Cuando los funcionarios de las sociedades abiertas adoptan decisiones unilaterales sin la participación pública, socavan su legitimidad, que es necesaria para el cumplimiento voluntario.

La legitimidad también requiere que las personas confíen en que las autoridades sean honestas y transparentes. Sin embargo, mucho antes de la crisis, algunos mandatarios de las sociedades abiertas empezaron a normalizar la mentira. En ningún lugar esto es más claro que en los Estados Unidos con el presidente Donald Trump. Declaró que no había que temer al virus, que la crisis estaba bajo control, que todo el mundo podía hacerse la prueba y que él no tenía la culpa de la disolución del grupo de trabajo federal sobre epidemias. Falso, falso, falso y falso de nuevo. Contrasta eso con la canciller alemana, Angela Merkel, que ya el 11 de marzo alertó a sus connacionales que se prepararan para lo que se avecinaba, afirmando que "entre el 60 y el 70 por ciento de la población se infectará". Y en un discurso televisado a nivel nacional, explicó lo difícil que iba a ser: "Desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido un desafío para nuestro país en el que la acción en un espíritu de solidaridad por nuestra parte fuera tan importante."

Y no es solo el hecho de que los líderes mientan, algunos también atacan directamente las críticas de los medios de comunicación sobre sus mentiras, llamando irónicamente a los reportajes honestos "noticias falsas" o "preguntas molestas". El continuo embate a la verdad en las sociedades abiertas las hace mal preparadas para desarrollar medidas legítimas que aseguren el acatamiento voluntario.

El debate sobre la legitimidad plantea la cuestión de qué hacer con la política cada vez más polarizada y partidista que arruina nuestra era. Vivimos en una época de Remain versus Brexit, Black Lives Matter versus Blue Lives Matter, pro-elección versus pro-vida, el 1% versus el 99%, y localistas versus globalistas. Cada vez más, la política se ha convertido en una cuestión de identidad: aquellas personas con quien no nos identificamos se han convertido en nuestros enemigos. Y cuando los vemos como nuestros enemigos, y cuando solo leemos y miramos noticias de los medios de comunicación que refuerzan tales puntos de vista y polarizan incluso los hechos desnudos, somos incapaces de percibir sus acciones como legítimas, justas, imparciales y que apoyan el interés general. Construir medidas legítimas contra el coronavirus requiere curar nuestros cismas partidarios, al menos temporalmente.

No obstante, hasta ahora, esto no ha sucedido. En lugar de unirse, los políticos y expertos de todo el mundo siguen viendo la crisis como una oportunidad para ganar puntos políticos contra la otra parte. Pero al hacerlo, socavan la legitimidad de las medidas que se aplican, lo que a su vez debilita el cumplimiento a largo plazo y nos pone a todos en mayor riesgo. Al luchar entre nosotros, olvidamos que solo hay dos bandos: el pueblo y el virus.

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Lecturas y recursos adicionales:

• Nagin, D. S. (2013). Deterrence in the Twenty-first Century. Crime and Justice, 42(1), 199-263. (Enlace)
• Van Rooij, B., & Fine, A. (2021 forthcoming). The Opportunity Approach to Compliance. In B. Van Rooij & D. D. Sokol (Eds.), Cambridge Handbook on Compliance. Cambridge, UK: Cambridge University Press. (Enlace)
• Van Rooij, B., de Bruijn, A. L., Reinders Folmer, C., Kooistra, E., Kuiper, M. E., Brownlee, M., Olthuis, E, Fine, A. (2020). Compliance with COVID-19 Mitigation Measures in the United States. PsyArXiv Pre-print. (Enlace)
• Walters, G. D., & Bolger, P. C. (2019). Procedural justice perceptions, legitimacy beliefs, and compliance with the law: A meta-analysis. Journal of Experimental Criminology, 15(3), 341-372. (Enlace)
• Yesberg, J., Jackson, J., & Bradford, B. (2020). Public support for Live Facial Recognition and implications for COVID-19 policing. British Policy and Politics at LSE. (Enlace)

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Benjamin van Rooij y Adam Fine se basan en la investigación de su próximo libro, The Invisible Code: Why Law Fails to Improve our Behavior (con Beacon Press), y en el estudio que están llevando a cabo en varios países sobre el cumplimiento de las medidas de mitigación del COVID-19. El primer documento está disponible en línea en SSRN y PsyArXiv.

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Texto publicado originalmente en Behavioral Scientist, bajo el título «How to Lock Down an Open Society».

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* Benjamin van Rooij (@benfuzi) es profesor de derecho y sociedad en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ámsterdam y también profesor de derecho mundial en la Universidad de California, Irvine.

** Adam Fine (@Adam_D_Fine) es profesor adjunto de criminología y justicia penal en la Universidad Estatal de Arizona, donde estudia las percepciones de la ley, la aplicación de la ley y la justicia.

*** Jorge Guzmán (@JorgeGuzman_) es politólogo y publiadministrativista por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es Coordinador General de Proyectos en BPP A.C.